HABLAR
de decretos de leyes sobre la verdadera
inclusión y respeto hacia la población en condiciones de discapacidad, es casi
un sueño utópico, ya que vemos el mundo
al revés y como lamentablemente, aun las
Leyes, los decretos se quedan archivados sobre un escrito que en miles de
ocasiones jamás se cumplen.
ENCONTRAMOS
como ignorante y ciegamente algunas
personas que creen saber mucho, no saben ni donde comenzar. Ejemplo
muchos creen que la vida laboral y
educativa de esta población en condiciones de discapacidad es menor que la de otras personas, y esto es
respetable, pero discutible. Pues
existen millones de personas en condiciones de discapacidad que han sido a través de la historia,
celebres y han dejado un gran legado de ejemplo superación e inteligencia. Desarrollando de una u otra forma la gran capacidad
de la inteligencia nata propositiva
activa y positiva, dando excelentes resultados laborales y profesionales. Educativos.
Me pregunto,
será que en la ONU o la OEA, y el parlamento andino, que realmente dicen defender los derechos de las personas
en condiciones de discapacidad, han dado oportunidad laboral a personas con estas condiciones, o
simplemente predican lo que no aplican.
Es obra de hipócritas crear leyes que lamentablemente no se han de cumplir
como suele suceder en nuestro país. Debemos saber que la discapacidad es un tema muy serio y que se debe asumir el
reto de una manera positiva creativa y humana real.
A
las personas en condiciones de discapacidad se les debe dar su lugar como a cualquier persona sin distingo de
ninguna índole, no es compadeciéndolos si no comprendiéndolos, poniéndose en
sus zapatos aunque sea por solo un rato. Se debería imponer un castigo ejemplar a quienes discriminen,
maltraten o estafen de una manera descarada a esta población
VÍCTOR
HUGO TURGERMAN Z
CON EL APOYO
DE:
PERSONAS EN CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD
El Clasificador Internacional de
Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías de la Organización Mundial de la
Salud – OMS, define como discapacidad a “toda restricción o ausencias, debido a
una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en forma y dentro del
margen que se considera normal para un ser humano en su contexto social”.
Las personas con discapacidad están expuestas a situaciones de discriminación
y exclusión social que les impide ejercitar sus derechos y libertades al igual
que el resto, haciéndoles difícil participar plenamente en las actividades
ordinarias de las sociedades en que viven. En las dos últimas décadas el
enfoque hacia las personas con discapacidad ha cambiado, dejando atrás el
enfoque médico, asistencial o caritativo para comenzar a ser vistas como
sujetos portadores de derechos.
Se estima que más de 500 millones de personas en el mundo tienen algún
impedimento físico, mental o sensorial y alrededor del 80 % de estas personas
viven en los países en desarrollo.
Sí bien seis de las principales convenciones de Naciones Unidas sobre derechos
humanos abordan cuestiones relacionadas con la discapacidad, sus disposiciones
no se enfocan en este tema en particular. Así mismo, los instrumentos que se
pronuncian a favor de los derechos de los discapacitados no son vinculantes. En
consecuencia, los discapacitados enfrentan el dilema de ser legalmente
“invisibles” para sus sociedades e incluso para la comunidad internacional.
Durante mucho tiempo, la mayoría de las inquietudes de las personas con
discapacidad han sido tratadas como parte de un enfoque de asistencia
social.
Ahora, los discapacitados podrán convertirse en “poseedores de derechos” y en
“sujetos de derecho” con plena participación en la formulación y ejecución de
los planes y políticas que los afectan.
En cualquiera de los países de la región, entre el 5 y el 15 por ciento de la
población tiene alguna discapacidad física. Las barreras físicas para la
inclusión de las personas con discapacidad son enormes en América Latina y el
Caribe. Algunas investigaciones demuestran que las personas con discapacidad
presentan niveles más bajos en logros educativos y tienen menor posibilidad de
conseguir trabajo que los que no tienen discapacidad. En la comunidad de los
discapacitados, las mujeres tienen una menor participación en el mercado
laboral que los hombres con discapacidad.
En este sentido todos los discapacitados tienen derecho a recibir un
tratamiento especial para poder integrarse plenamente a la sociedad. Ello
implica que la sociedad debe intentar adaptarse a las condiciones de los
mismos. Con todo, debe quedar en claro que ese trato especial no significa
despojarlos de sus deberes ni exonerarlos de manera anticipada por sus faltas.
En la misma medida en que el Estado y la sociedad les brindan a los
discapacitados posibilidades de integrarse a la vida social, los discapacitados
adquieren distintos deberes para con las organizaciones política y social, que
les podrán ser exigidos como a cualquier otro ciudadano.
Organización de las Naciones Unidas - ONU
El compromiso de las Naciones Unidas frente a esta problemática es excepcional,
especialmente en el cambio que se le quiere dar al discurso de la discapacidad
para ver a los sujetos discapacitados como portadores de derechos y deberes.
La ONU ha luchado para mejorar la vida de las personas con discapacidad. En el
decenio de 1970, el concepto de los derechos humanos de las personas con
discapacidad gano más aceptación internacional.
En este contexto, en 1971 fue aprobada por la Asamblea General la Declaración
de los Derechos del Retrasado Mental y en 1975, la Declaración de los Derechos
de los Impedidos, la cual fija las normas para el trato igual y el acceso igual
a los servicios que aceleran la integración social de estas personas.
En el Año Internacional de los Impedidos (1981) se adoptó el Programa de Acción
Mundial para los Impedidos y la proclamación del Decenio de las Naciones Unidas
para los Impedidos (1983-1992).
Debido a que a pesar de los esfuerzos de las Naciones Unidas “en pro de la
igualdad de oportunidades”, los discapacitados seguían siendo discriminados, la
Asamblea adoptó en 1991 los Principios para la Protección de los Enfermos
Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental, y apoyó en 1994
una Estrategia a largo plazo para promover el Programa de Acción Mundial para
los Impedidos que busca una “sociedad para todos”.
En general, los instrumentos que existen al interior de la ONU promulgan el
reconocimiento de los derechos humanos para los discapacitados y la igualdad de
oportunidades para estas personas.
Organización de Estados Americanos
El respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad y la
integración de estas en la sociedad, se ha convertido en una importante
prioridad para la OEA.
En este sentido, la Organización ha adoptado una importante Convención
Interamericana para ayudar a eliminar la discriminación en contra de todas las
personas con discapacidad (CIADDIS). La Asamblea General de la OEA también ha
declarado el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las
Personas con Discapacidad (2006-2016), con el objetivo de “lograr el
reconocimiento y el ejercicio pleno de los derechos y la dignidad de las
personas con discapacidad y su derecho a participar en la vida económica,
social, cultural y política y en el desarrollo de sus sociedades, sin
discriminación y en pie de igualdad con los demás”.
Tanto la CIADDIS como el Programa de Acción, buscan lograr que en cada uno de
los Estados de la región “se emprendan programas, planes y acciones para
alcanzar la inclusión y la participación plena en todos los aspectos de la
sociedad de las personas con discapacidad; se ejecuten programas sociales,
políticos, económicos, culturales y de desarrollo destinados al logro de
oportunidades en pie de igualdad con los demás, y se promuevan medidas
efectivas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a los
servicios y programas de rehabilitación”.
Comunidad Andina
Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de 2002
Esta Carta contempla dentro de su contenido los derechos de Personas Con Discapacidades.
Así pues, el Artículo 48 hace mención al compromiso de cumplir los derechos y
obligaciones consagrados en algunas declaraciones internacionales como la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Impedidos (1975);
en instrumentos internacionales que tienen como finalidad promover y proteger
los derechos humanos de las personas con discapacidades, como la Convención
Interamericana a favor de las Personas con Discapacidad (1999); y en otras
declaraciones, resoluciones y convenios de protección social adoptados en el
marco de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la
Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.
De igual forma, en el Artículo 49 se establece como prioritario mejorar la
promoción y protección de los derechos humanos de las personas con
discapacidades en sus respectivas jurisdicciones y en el ámbito andino, así
como velar por:
- La protección frente a toda forma de
discriminación y violencia contra las personas con discapacidades.
- La prevención de causas que originan
discapacidades a través de la educación, la seguridad en el lugar de
trabajo y la divulgación pública.
- La realización del derecho a la seguridad social
y a la salud de las personas con discapacidades.
- El fomento del desarrollo personal a través de
programas que atiendan las necesidades particulares de las personas con
discapacidades.
- La integración social de las personas con
discapacidades a través del trabajo, la educación y la plena participación
en sus respectivas comunidades nacionales.
- La facilitación de asistencia temprana,
tratamiento médico, rehabilitación, educación, formación profesional y
atención personal a las personas con discapacidad, con miras a su
inserción en el mundo laboral en condiciones dignas y equitativas respecto
al resto de trabajadores.
- La información a la población sobre los derechos
de las personas con discapacidades a fin de eliminar prejuicios,
estereotipos y discriminaciones a las que éstas son susceptibles.
- La elaboración de programas de diseño
arquitectónico en las ciudades, zonas rurales y áreas apartadas que
permitan un mejor desplazamiento y uso de los espacios públicos por parte
de las personas discapacitadas.
Organismo Andino de Salud Convenio
Hipólito Unanue- ORASCONHU
En el marco de este Organismo existe la Comisión Técnica sobre Prevención,
Atención y Rehabilitación de la Discapacidad, integrada por un representante de
los Ministerios de Salud de cada uno de los países miembros del ORAS CONHU.
Plan Andino sobre Discapacidad
En el marco de la I reunión de la “Comisión Técnica sobre Prevención, Atención
y Rehabilitación de la Discapacidad”, realizada el 2 y 3 de octubre de 2009 en
Lima por el Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue, los países
andinos iniciaron la elaboración del Plan Andino sobre Discapacidad con el
objetivo de contribuir a los esfuerzos nacionales que se vienen realizando en
el abordaje de la discapacidad y ayudar a disminuir las brechas existentes
entre los países andinos en los programas y servicios de discapacidad.
Este Plan resulta de gran importancia debido a que en los países andinos viven
aproximadamente 10 millones de personas con discapacidad, número que se
incrementa no sólo por la mayor cantidad de personas que nacen con deficiencias
generadoras de discapacidad, sino también por enfermedades crónicas,
malformaciones genéticas, lesiones, traumas, violencia y aumento de la
esperanza de vida.
Otro avance que es importante mencionar es la aprobación en diciembre de 2010
de la Política de Discapacidad, Habilitación y Rehabilitación de la Región
Andina, la cual está conformada por Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia
y Chile.
Carta Social Andina
No existe destinación o articulado referente al tema en la actual Carta Social;
así como tampoco se mencionó el tema en las Cumbres Preparatorias Nacionales.
Constituciones Políticas de los Países Miembros y otros instrumentos jurídicos
relevantes
Bolivia
La Nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009, hace referencia
al tema de las personas con discriminación en el Artículo 70, el cual establece
que “toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: 1. A ser
protegido por su familia y por el Estado. 2. A una educación y salud integral
gratuita. 3. A la comunicación en lenguaje alternativo. 4. A trabajar en
condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una
remuneración justa que le asegure una vida digna. 5. Al desarrollo de sus
potencialidades individuales”.
Por su parte el Artículo 71 establece que se prohibirá y sancionará cualquier
tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con
discapacidad, así como se adoptará medidas de acción positiva para promover la
efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo,
económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna y se generará
las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales
de las personas con discapacidad.
El Artículo 72 afirma que el Estado garantizará a las personas con discapacidad
los servicios integrales de prevención y rehabilitación, así como otros
beneficios que se establezcan en la ley.
Por otra parte, dentro de las actividades realizadas recientemente por el gobierno
boliviano se resalta la aprobación en marzo de 2012 de la Ley General para
personas con discapacidad, la cual entre otros aspectos, garantiza la inclusión
de las personas con discapacidad en todas las entidades públicas y privadas.
Colombia
La Constitución Política de Colombia establece en el Artículo 13 que “todas
las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
Así mismo el Artículo 47 establece que el Estado adelantará una política de
previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que
requieran.
Adicional a los artículos de la Constitución Política, a continuación se
mencionan algunas Leyes que respaldan los avances en la materia al interior del
país:
Ley 1306. 2009. Por la cual se
dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental y se
establece el régimen de la representación de las personas con discapacidad mental
absoluta. Ley 1151. 2007. Se aprueba el Plan de Desarrollo 2006-2010 la cual
ordena atender de manera transversal las acciones de discapacidad y así mismo
ordena que “se dará continuidad al proceso de registro nacional de población en
discapacidad en aras de optimizar la Nacional, Departamental, Distrital y
Municipal en la inclusión de esta población”. Ley 1098. 2006. Código de
Infancia y Adolescencia con capítulo especial sobre la protección de los
menores con discapacidad. Ley 361. 1997. Por la cual se establecen mecanismos
de integración de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones y
se reconoce a las personas sus derechos fundamentales, económicos, sociales y
culturales para su completa realización personal y su total integración social
y a las personas con limitaciones severas y profundas la asistencia y
protección necesarias.
Ecuador
La Sección sexta de la Constitución del Ecuador se dedica exclusivamente al
tema de las personas con discapacidad.
Así pues, el Art. 47 hace referencia a que el Estado garantizará políticas de
prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la
familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con
discapacidad y su integración social.
Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a la atención
especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios de
alud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de
medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que
requieran tratamiento de por vida, entre otros.
También, se adoptarán medidas a favor de las personas con discapacidad tales
como la inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados,
que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y
económica, la participación política, que asegurará su representación, de
acuerdo con la ley y la garantía del pleno ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad, entre otros derechos.
La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran en
cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por
razón de la discapacidad.
Perú
En la Constitución Política del Perú de 1993 – Artículos 23 y 26, se consagra
la protección contra prácticas discriminatorias en el trabajo. Los grupos
especialmente protegidos son las madres, los menores de edad y los
discapacitados.
Adicional a lo que contempla la carta política existen diferentes instrumentos
normativos para las personas discapacitadas entre las que se encuentran:
- 6 de enero de 1999: Ley n° 27050 – ley general de
la persona con discapacidad.
- 8 de junio del 2002: Ley n° 27751 – ley que
elimina la discriminación de las personas con discapacidad por deficiencia
intelectual y/o física en programas de salud y alimentación a cargo del
estado.
- 12 de junio del 2006: Resolución de presidencia
n° 080-2006-pre/CONADIS – aprueban reglamento del registro nacional de la
persona con discapacidad.
- 15 de setiembre del 2006: Resolución de
presidencia n° 099-2006-pre/CONADIS – aprueban “lineamientos de política
de acción para las oficinas municipales de protección, participación y
organización de vecinos con discapacidad”.
Por otra parte, vale la pena mencionar
el trabajo que adelanta el Consejo Nacional para la Integración de la Persona
con Discapacidad, adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
con el fin de desarrollar políticas, proponer normas y acciones para lograr la
integración social, económica y cultural de las personas con discapacidad.
Su objetivo estratégico general es “fomentar la inclusión de las personas con
discapacidad para alcanzar su desarrollo e integración social, económico y
cultural, en un marco de igualdad de oportunidades, equidad social,
generacional y con enfoque de género; asimismo reducir la discriminación y el
incumplimiento de normas”
La recomendación principal es incluir el
tema de las personas con discapacidad en el contenido de la Carta Social
Andina, pues es un tema que no se puede dejar de lado en un instrumento que
pretende fortalecer los derechos de los ciudadanos andinos.
De igual forma, las propuestas que se presenten en el marco de la Tercera
Cumbre Social Andina deben ser claras y coherentes, con el fin de lograr
establecer objetivos que tiendan al establecimiento de programas que permitan
la inclusión de las personas con discapacidad a todas las actividades de la
sociedad.
En general, se puede afirmar que este tema tiene una gran trascendencia a nivel
internacional y regional, ya que si bien la “situación de discapacidad a
empezado a reconocerse en las últimas décadas, sigue siendo uno de los
problemas menos atendidos en la región dada la carencia de registros
sistemáticos que permitan realizar seguimiento histórico de las frecuencias de
aparición de los factores de riesgo más comunes, así como de discapacidad que
ocasionan. La magnitud de la situación social de la discapacidad es una
discusión no resuelta”.
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